“Si no le gusta, pida la baja”. Esa era una frase muy recurrente de un superior a un subalterno que reflejaba algún atisbo de rebeldía. “Insubordinado”. “Zurdo”. “Comunista”. “Moco”. “Guarde arresto”. Un régimen totalmente vertical como la Policía Nacional, de casi 190 años de historia (fue creada el 18 de diciembre de 1829), avalaban ese tipo de relacionamiento. El que tenía grado mandaba, arbitrariamente si lo deseaba; el de abajo acataba, y sufría, y no tenía adónde acudir.

“Estábamos desprotegidos en todo”, resume Fabricio Ríos, secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo – Uruguay (Sifpom). Este gremio nació más de 180 años después que la Policía, el 17 de diciembre de 2010. Hoy forma parte del Pit-Cnt, situación que simboliza estos nuevos tiempos. Originalmente estaba en la capital, pero hoy está presente en todo el país, representado en cada departamento por un compañero comprometido con esta herramienta. Fue creado, dicen sus impulsores, para defender los derechos del personal policial, sobre todo del subalterno. También fue impulsado, añaden, para superar los tibios e irregulares intentos de sindicalización anteriores entre los policías.

Y esa desprotección no era solo en el sueldo, por más que en el sueldo se hiciera notar. Tan cerca en el tiempo como en 2000, la remuneración de un agente policial estaba en los 4.550 pesos que necesariamente tenía que completarse con horas y horas de servicio 222, recuerda el dirigente Ricardo González. Tan malo, o peor, era el trato.

“Un sistema vertical cerrado funciona así: o se acepta la orden o se recibe un castigo. Y la oficialidad se aprovechaba de eso para hacer persecución laboral de todo tipo”, cuenta Ríos. El policía siempre estaba en falta, o eso parecía. Eso significaba el peligro latente de un arresto a rigor: pasar los días en la base, dormir en la seccional, con la libertad coartada. Si algún funcionario policial subalterno tenía carácter, pocas noches pasaría en su casa. Y si se animaba a denunciar su situación en algún lado, la “camaradería” de los oficiales se encargaba de bajarlo a tierra, como si estuvieran en una red cófrade para mantener el estatus.

También había situaciones particulares con las mujeres policías. El acoso sexual se traducía así: o la agente accedía a salir con el oficial o era sancionada. Patricia Rodríguez, mujer y presidenta de Sifpom, la cara más visible de los gremios policiales en Uruguay, reconoce que esa situación aún hoy no está erradicada. “Gracias a la herramienta sindical, las mujeres que se acercan al sindicato, tienen las herramientas y garantías necesarias para realizar denuncias”. No es poco.

Se trabajaba con miedo, tensionados y sin poder pelear por las condiciones de trabajo. Ni siquiera se podía tener el atrevimiento de exigir alguna comodidad en las seccionales, así fuera vidrios en las ventanas y bombitas de luz.

“Por esa época, muchos policías pasaban a hacer visita a su propia casa. Había muchos policías divorciados. La suma del estrés laboral llevaba a que muchos compañeros se certificaran por años”, afirma González.

Por eso era necesario un sindicato policial.

EL ORÍGEN

Actualmente, de aproximadamente 30 mil funcionarios policiales del Ministerio del Interior, unos 14 mil están sindicalizados, una cifra nada despreciable. Pero los inicios fueron muy difíciles. No solo estaba el rechazo de los oficiales y el miedo –y también el rechazo- de los trabajadores a quienes se pretendía defender, también estaba, como se indicó antes, el recelo de los sindicalistas de vieja data, que tenían en el ADN el convencimiento de que se estaba en la vereda opuesta. “¿Y en una represión qué debería decir? ¿’No pegue palos, compañero’?”, dijo alguna vez un dirigente de peso.

La sindicalización en la Policía no nació con el Sifpom. Pero no fue hasta que este se estabilizara que un gremio policial comenzó a funcionar como tal.

La huelga policial de noviembre de 1992, en reclamo por las bajas remuneraciones y las precarias condiciones laborales, tuvo como gota que rebasó el vaso un denunciado mal estado de canastas de alimentos a los funcionarios. Varias mujeres de policías comenzaron una huelga de hambre; una de ellas, Sandra Dodera, agarró notoriedad como vocera.

En ese tiempo se llegaron a ocupar comisarías por policías y familiares. Entre sus reclamos se incluía el derecho a tener una asociación del tipo gremial. Según recuerda el historiador Lincoln Maiztegui en su libro “Orientales”, el ministro del Interior de la época, Juan Andrés Ramírez, resumía el sentimiento dirigencial imperante: “Al funcionario policial le está vedado el derecho a sindicalización y a la adopción de medidas colectivas, porque (…) nos encontramos ante una especie de funcionario público al cual la sociedad le permite legalmente portar armas”. El expresidente Julio María Sanguinetti, si bien pedía “flexibilidad” al gobierno, sostenía que “no existe la huelga policial en nuestro derecho”.

Y el MLN-Tupamaros, por momentos muy lejos de pensar en el poder político que luego tendría, señaló en un comunicado: “de la misma manera que hemos criticado duramente a la Policía cuando reprime a los trabajadores y al pueblo, hoy debemos reconocer que las reclamaciones del funcionariado policial resultan a todas luces inobjetables”.

La huelga se levantó días después luego de que el Parlamento votara un aumento para la Policía, sin tomar en cuenta otras reivindicaciones. Un grupo de mujeres de policías integró mayoritariamente la llamada Asociación Nacional Civil de la Familia Policial, que puede entenderse como una semilla de sindicato.

El cambio grande, señalan hoy los directivos del Sifpom, surgió durante el primer gobierno del Frente Amplio a nivel nacional, en 2005. Jorge Larrobla, dirigente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), actualmente mientro de la comisión fiscal del Pit-Cnt, dice que ahí se autorizó a funcionar a distintas agrupaciones, como el Sindicato Policial del Uruguay (Sinpolur), el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip).

Larrobla, un experiente sindicalista que desde 1978 integra AEBU, fue nombrado por el Pit-Cnt como el coordinador de la central sindical para los gremios policiales, tarea que comenzó a hacer entre fines de 2006 y principios de 2007.

“Me piden si me animaba a dar una mano y la verdad que al principio fue difícil”, recuerda hoy. La izquierda no comprendía tal cosa como la sindicalización policial, dice; la derecha, directamente, lo rechazaba, agrega. “Comencé a trabajar y vimos de todo. A ver, estábamos hablando del sector más retrasado de todo el movimiento popular”, agrega Larrobla. Eso quiere decir que eran los trabajadores con menos conciencia de tales. Habían sido, subraya el veterano gremialista, “el brazo armado de la oligarquía”. Cambiar eso no iba a ser fácil.

De hecho, Larrobla asegura que la primera reunión con los dirigentes sindicales de los gremios policiales fue muy tensa. Había una cultura que erradicar: dentro de los gremios querían mantenerse la relación de grado existente en las comisarías, lo que significaba no respetar a las autoridades electas; incluso había reuniones y asambleas en las que había demasiadas armas.

El Sifpom, casi que desde el arranque, marcó diferencia. Dirigentes como Larrobla o como Gustavo Signorelli (de los trabajadores judiciales) de alguna forma les enseñaron el ABC de la lucha de clases. Una de las motivaciones fue cortar de raíz con algunas prácticas irregulares de las asociaciones existentes que fungían como sindicatos, tales como venta de bonos, venta de servicios de seguridad y de publicidad para revistas que nunca veían la luz. “El Sifpom se crea para cortar con la corrupción que había para cortar en algún sindicato que existía”, resume Fabricio Ríos.

“Había celos, envidias, peleas por el poder y pequeños actos de corrupción. Sobre todo denuncias, porque pruebas no se veían”, dice por su lado Larrobla, refiriéndose a situaciones que veía en esos intentos primarios. “Un compañero se descuidaba y otro le serruchaba las patas”.

Ríos, en tanto, se integró a la lucha sindical a través de la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior (Afumi). Este, sin embargo, era mirado de reojo no solo por los policías (oficiales o no) sino por los gremialistas más ortodoxos. Como parte del gremio de los funcionarios estatales, COFE, se sentían completamente relegados. Además, solo admitían a los funcionarios no ejecutivos, recuerda el secretario general del Sifpom.

De ahí pasó al Sipom (sin f), que ya comenzaba a ser tutoreado por el Pit-Cnt, y que apenas tenía 60 integrantes. Como detrás de él vinieron 300 afiliados de Afumi, enseguida le dieron la vicepresidencia.

Patricia Rodríguez, por su lado, entró en el Sinpolur, hastiada de una serie de problemas laborales que eran evidentes en el CNR de Colón, donde trabajaba como educadora. Fue hasta el local sindical, donde encontró una inesperada inactividad. Del otro lado, sorprendió que alguien se interesara y la llamaron para trabajar con ellos. El desconocimiento de Patricia era tal que, cuando manifestó sus reparos de poder combinar trabajo y militancia, tuvieron que explicarle qué eran los fueros sindicales.

Su actitud llamó la atención, no eran comunes los policías que se acercaban a un sindicato. “En aquel momento, el que lo hacía era porque estaba ‘quemado’ como policía, que era un mal funcionario”. No era su caso.

Patricia Rodríguez, como integrante del Sinpolur, comenzó a asistir regularmente a los talleres de Salud Laboral del Pit-Cnt. Era, por otra vía, una formación sindical constante. Tras una pasaje por el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) como secretaria de Salud Laboral y otro por la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) recae en Sipom.

El filtrado de elementos nocivos y de prácticas que no tenían que ver con lo sindical trajo consigo un cambio de nombre, sugerido por el Ministerio de Educación y Cultura. Así nacía el Sifpom en diciembre de 2010. En mayo de ese año –aún siendo Sipom y con Ríos como presidente- había comenzado el trámite en el MEC.

Patricia Rodríguez señala que el Círculo Policial, integrado por oficiales, también vio en los nacientes sindicatos una competencia directa. Hasta entonces, solo ellos podían sentarse en la misma mesa con el ministro del Interior a trazar alguna política en común. Larrobla asegura que todos los palos en la rueda provinieron del Círculo Policial y los mandos medios, conscientes de que se influencia comenzaba a mermar.

Hoy el Sifpom se reúne con el Ministerio del Interior, aunque las relaciones entre empleados y empleadores pocas veces son distendidas.

El rechazo de los oficiales desembocaba en el miedo subalterno. También estaban las lógicas connotaciones de izquierda –en círculos policiales de hasta hace no mucho tiempo atrás, “comunista” era considerado un insulto- vinculadas a toda actividad gremial.

Todavía hasta el día de hoy, los dirigentes de Sifpom sienten que hace falta más conciencia de clase trabajadora en la Policía, algo que ya es carne en gremio con mucho menos afiliados que los policiales.

“Hasta el día de hoy tenemos compañeros con alguna ‘resistencia’”, dice Ricardo González. No refiere a los policías, sino al resto de los trabajadores agremiados; algunos de ellos, en el propio Pit-Cnt. “Para algunos, somos los ‘milicos’”. Tiempo les llevó, agrega, que los vieran y los aceptaran como trabajadores sindicalizados que pelean por los suyos. Igual que ellos.

Jorge Larrobla asegura que el Sifpom marcó diferencia desde el arranque. No sin dificultades, ya que también eran parte de la misma cultura policial y no sindical que el resto. “Pero fueron haciendo un proceso positivo, con más conciencia de la clase, haciendo bandera de la transparencia y del manejo de los dineros. No sin diferencias ni errores, tuvieron la capacidad de entender lo que era un sindicato y cómo se tenía que construir, con paciencia, amplitud y capacidad de escuchar al que pensaba diferente”, opina.

Patricia, que tenía mayor formación sindical que el resto, comenzó pronto a ser la voz cantante y la cara visible. Los directivos coinciden que eso también fue un diferencial del Sifpom: mientras que en cada gremio policial había mucha lucha interna y externa, aquí todos parecieron juntar fuerzas para apuntalar a su principal dirigente.

El Sifpom de a poco comenzó a borrar el resquemor hacia “los milicos” que había en la central sindical.

Que en mayo de 2018, el Sifpom haya conseguido un puesto titular en la Mesa Representativa y otro como adjunto en el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, ambos ocupados por Patricia Rodríguez, algo resuelto en el XIII Congreso de la central sindical, fue una muestra de lo acertado de esta estrategia. Si hubo resistencia en algún dirigente gremial de vieja escuela, no se notó.

EL HISTÓRICO CORTE DEL PEAJE

No ha sido fácil que un gremio policial, integrado por individuos que históricamente han estado del otro lado del mostrador de los trabajadores movilizados, lo que ha generado resquemores mutuos que aún no se han diluido, actúe como un sindicato.

El Sifpom, que integra el Pit-Cnt, tiene unos 5.000 afiliados. La Unión de Sindicatos Policiales (USIP), que el lunes 30 de octubre tuvo su primer congreso oficial y del cuál es parte Sifpom, tiene casi 10.000. Se estima que hay unos 14.000 policías afiliados a los diferentes gremios.

Sin embargo, la unión plena aún no ha sido posible. Hubo un intento en 2010, con la Federación Nacional de Sindicatos Policiales (Fenasip), que llegó a hacer un congreso en el Pit-Cnt. Larrobla recuerda con amargura ese episodio: “Por búsqueda de protagonismo, a la Federación la rompieron en seis meses”. Este nuevo intento de la USIP, con el Sifpom como mascarón de proa, genera expectativas.

Fabricio Ríos señala que un sueño sería “un sindicato único”. También afirma, sin ocultar el orgullo, que “todas las medidas sindicales, de 2005 hasta acá”, realizadas por uniformados, fueron impulsados por el Sifpom.

La única vez que los sindicatos policiales actuaron todos juntos fue el 5 de enero de 2012. Ese tarde, un jueves de verano, a eso de las 17 horas, realizaron un corte de media calzada en el peaje sobre el arroyo Pando. Querían derogar la imposibilidad que tenían los funcionarios de trabajar en otro lugar o, en compensación, que se les pagara la exclusividad. Querían un pago por nocturnidad y el fin del llamado Acta 12, la sanción a rigor que, en los hechos, los hacía cumplir funciones sin ser remunerados.

Impulsar esa medida implicó sangre, sudor y lágrimas. El gobierno consideraba “inoportuna” dicha medida. Se trataba de bloquear un paso fundamental hacia el Este, en el kilómetro 33 de ruta Interbalnearia, en la mejor quincena de la temporada estival. Los gremios habían pedido una reunión con Jorge Vázquez, quien era el ministro interino del Interior. “No tengo agenda”, les dijo.

Era una pulseada. Pero también una jugada difícil. Las amenazas de sanciones y expulsión de la fuerza corrieron inmediatamente de arriba hacia abajo. Los dirigentes de Sifpom hoy recuerdan el miedo y la incertidumbre de sus compañeros. Algunos fueron llorando a la marcha, algunos expresaron su apoyo a la distancia, algunos fueron convencidos que iba a ser su último día como policías. De hecho, comenzó a circular entre la oficialidad la versión de que “nadie iba a bajar a la ruta”, con la obvia intención de que llegara a los manifestantes.

“Negociación colectiva ya”. “Basta de represión antisindical”. “Policías en conflicto”. Así rezaban las pancartas, los panfletos y los autoparlantes. Se hizo un corte parcial a las 17 horas, como estaba previsto. “Se decía que no íbamos a bajar a la ruta y acá estamos”, dijo Patricia Rodríguez a las cámaras de televisión.

Unos 40 funcionarios hicieron el corte. Los gremios acordaron que para no exponer a los funcionarios, serían los directivos los que dieran la cara.

Apenas unos minutos de corte alcanzaron para que se hicieran en el lugar el subjefe de Policía de Canelones, Luis Mendoza, para pedirles que no corten la ruta y que se manifiesten al costado.

Lo que ocurrió al final fue un enlentecimiento del tránsito, con cortes intermitentes, generando colas de vehículos de un kilómetro por Interbalnearia y por avenida Giannattasio.

Ante la prensa, los sindicalistas expresaron que la medida se tomó por la intransigencia del gobierno a sentarse a hablar.

“Se logró muchísimo, esto representó la unión de todos los sindicatos policiales trabajando para un mismo fin”, dijo esa tarde a Canal 12 Patricia Rodríguez. Esa unión fue una jornada histórica. “Con el miedo ya no corren al sindicato policial”, agregó.

Hoy ya no hay sanciones a rigor. A principios de mayo de 2018 comenzó a pagarse la nocturnidad. También llegaban las conquistas sindicales a la Policía.

TENSIONES CARCELARIAS

El Sifpom es un gremio. El convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que todos los trabajadores tienen derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Incluso los policías, más allá que esa idea demoró décadas en hacerse carne.

La Ley Orgánica Policial actual (19.315) de 2015, establece en el inciso M del artículo 35 para los uniformados el “derecho a la sindicalización, estándole expresamente prohibido tanto el ejercicio de la huelga como la concentración y la manifestación con armas o uniformes, o la ocupación de los lugares de trabajo, así como impedir el libre acceso a los mismos y la obstaculización del normal desarrollo de las actividades”.

Como fuerza de seguridad, en el Sifpom son conscientes que un paro de 24 o 48 horas representaría, poco menos, una invitación a la anarquía social. Sin embargo, no dejan de ser una organización sindical, además presente desde 2018 en los órganos de conducción del Pit-Cnt. “Nosotros haremos lo que decidamos hacer. Un sindicato no va a pedir nunca permiso para tomar una medida”, señala Patricia Rodríguez.

Sin embargo, lejos de querer prender fuego la pradera, en el Sifpom aseguran que han sido más las veces que han debido apagar los incendios. Concretamente, están continuamente frenando medidas en las cárceles. Trabajar en dependencias del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) es algo muy poco codiciado por los policías. Es demanda, vulnerabilidad y violencia las 24 horas del día y los siete días de la semana.

En 2012 ese polvorín siempre a punto de estallar, estalló.

Eran las 10 de la mañana del viernes 20 de abril de ese año. Tres policías fueron a buscar a su celda a un recluso de 31 años llamado Eduardo Brasil Sastre, condenado por el homicidio de un hombre (un policía, justamente) en 2007, entre otros delitos, para entrevistarse con su abogada. Usaba muletas desde un fallido intento de fuga del Comcar, cuando le dispararon en la pierna. Tiró una de ellas al piso para distraer la atención. De inmediato, extrajo un arma 9 milímetros. Con ella le disparó en la cabeza al agente Oseas Pintos, de 26 años, e hirió a otro antes de ser abatido.

Sin recobrar la conciencia, Pintos, oriundo de Rivera, hijo único, murió seis días después en el Hospital Policial. Fue el primer policía en ser asesinado en una cárcel en Uruguay.

El ambiente se tensó al máximo. Los policías sintieron una mezcla explosiva de dolor, bronca y deseos de venganza. Había muerto uno de los suyos; otro de los suyos, además, había permitido que llegara un arma a manos de un delincuente considerado peligroso.

Cuando los dirigentes del sindicato llegaron a Libertad, había unos 60 policías formados afuera del edificio. La mitad lloraba desconsoladamente, de angustia y furia. Era un día de visita. Y la visita no tenía ningún tipo de empatía, no suele existir tal cosa entre los policías, los presos y los familiares de los presos: “¡Qué suerte que se murió el milico, los vamos a matar a todos ahora!”, oyeron decir.

Ese episodio generaría lo que el entonces comisionado parlamentario para las Cárceles, Álvaro Garcé, calificaría como “la mayor crisis carcelaria de la década”. Se decide, como medida sindical, cortar la visita. Eso se replicaría en los demás centros penitenciarios, como el Comcar o la cárcel de mujeres, el CNR de Colón. Eso se intercalaría con sucesivos motines; en el CNR, la revuelta dejaría importantes daños.

“En ese entonces, cuando matan a Oseas Pintos, los compañeros decidieron cortar la visita. Eso es lo que más les duele, lo único”, recuerda Patricia Rodríguez. El razonamiento era algo más que sindical: según ella, si los policías dejaban pasar esa muerte, sin tomar ninguna medida, el control interno de las prisiones pasaría definitivamente a mano de los pesados, de los brazos gordos privados de libertad. “Se rompían todos los códigos carcelarios”.

Esa medida, según contó la propia Rodríguez al diario El País, el 6 de abril de 2014, no solo fue respaldada por el Sifpom sino también por el propio Ministerio del Interior. Sin embargo, eso no le evitó ser sumariada hasta marzo de 2014, lo que terminó resultado casi una mérito para un dirigente sindical. También debió sufrir las amenazas de los familiares de los reclusos, lo que terminó significando otra demostración de carácter.

ASESORÍA JUDICIAL

Conocedores que el policial es un gremio que prácticamente vive en los juzgados, el Sifpom quiso tener una asesoría jurídica especial. Los dirigentes del gremio no valoran positivamente a los abogados del Ministerio del Interior o a los defensores de oficio que les asignaban a los funcionarios que enfrentaban un procedimiento penal. En criollo, afirman, estaban regalados.

En 2016, Patricia Rodríguez y Fabricio Ríos citaron a una charla en un restaurante de la Ciudad Vieja a Washington Abdala. Este, además de un exlegislador por el Partido Colorado, es un reconocido abogado penalista y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Querían que fuera el asesor jurídico del gremio; su abogado.

Abdala lo pensó y aceptó. “Yo nunca había trabajado en derecho policial”, cuenta hoy. Sin embargo, como diputado, había presidido la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Palacio Legislativo, en 1995 y 1996. No era un desconocedor de estos temas. Luego, el volumen de trabajo haría que se debieran sumar otros dos abogados.

Uno de los diferenciales que destaca Sifpom, pedido por el propio sindicato, era que la asesoría gremial funcionara en la propia sede gremial. Todavía hoy funciona así, durante tres días a la semana.

Vivir en los juzgados requirió una gran gimnasia, pero también estaban los temas administrativos. Estaban los vistos intraministeriales, como las sanciones; estas no requieren firma letrada, pero su presencia le da al implicado otra garantía. También están los recursos de reposición y las investigaciones administrativas, como los sumarios. El terreno de la sanidad policial, se daría cuenta Abdala pronto, también tiene una lógica propia.  Para el letrado, actuar de defensor de los policías es todo un aprendizaje vivo de derecho penal, tal la intensidad de la tarea.

 “Pero la más delicada de todas las situaciones es cuando el policía está en la Fiscalía declarando”, asegura el abogado y docente.

El primer encuentro entre el policía indagado y el abogado suele ser tenso. Abdala pide una narración sincera de los hechos –lo más complejo es cuando hubo un muerto en los procedimientos- para luego poder establecer un relato fidedigno y ajustado a derecho. El abogado intenta ponerse en la óptica del policía. Se ha reservado el derecho de no defender al funcionario de cuya sinceridad o actitud apegada a la ley dude; “pero hasta ahora eso no ha pasado”.

Para el gremio, la presencia y la acción de abogados como Abdala permitieron que, para la Justicia, casos como el de los dos policías que abatieron al excompañero –con antecedentes de violencia doméstica- que quiso matar a sus hijas en Colinas de Solymar en mayo de 2017 o el de los funcionarios que quedaron registrados en medio de una turba enardecida que golpeó con brutal saña a un rapiñero en Toledo en julio de 2018, no merecerían reproche penal.

Abdala hace notar que los policías no tienen mucha información sobre cuándo y cómo usar el arma (el tema de legítima defensa) incluso al día de hoy. Y también percibe que la animadversión que algunos jueces y fiscales tenían contra los que portaban uniforme, de a poco se va diluyendo.

Casos como el de Colinas de Solymar revelan una situación que nadie en el gremio oculta. Son muchos los policías denunciados por violencia doméstica. Muchos factores influyen en esta realidad, pero el tener un trabajo estresante, con la posibilidad diaria de estar inmerso en situaciones violentas, es considerado uno de los más fuertes. Según un protocolo de abril de 2015, el policía denunciado por esta situación sufre el retiro de su arma. Eso significa no poder hacer el servicio 222 y ni andar uniformados por la calle, teniendo que pagar boletos en el transporte capitalino, lo que es un perjuicio económico considerable. Solo en un año, 2016, a 489 funcionarios policiales les fue retirada su arma por esta situación.

Otro protocolo del Ministerio del Interior, pero de marzo de 2017, señala que los policías que son investigados por esta denuncia deben ser asignados a unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). El Sifpom ha reclamado su rechazo a esta medida, la que consideran que no hace más que echar leña al fuego; lo han denunciado en el Parlamento, en el Ministerio de Trabajo, en Interior y ante instituciones de derechos humanos.

Pero también hay factores de tensión íntimos e internos. Según Abdala, casos como el ya citado en Toledo, también revelan la “disfuncionalidad” de la lógica del Ministerio del Interior. Los policías que actuaron en ese episodio fueron, como se indicó, declarados libres de toda omisión penal por parre de la Justicia, sin embargo el Ministerio entendió que hubo omisión, una actitud muy pasiva mientras un grupo de vecinos enfurecidos atacaba al rapiñero. “Lo que ganamos en lo jurídico penal, lo tenemos que llevar ahora a lo jurídico administrativo”, resume.

La estructura vertical de la Policía y las sanciones existentes –“que no se comparan con las de otro organismo de la función pública”- han conspirado contra ese desfasaje. Abdala nota que todo está empezando a cambiar. “A medida que se han sindicalizado, los policías están comenzando a tener conciencia de sus derechos laborales”.

La asistencia jurídica tanto la parte Administrativa como la defensa Penal, hoy en día SIFPOM la brinda totalmente gratuita para sus afiliados.

AFILIARSE PARA TENER RESPALDO

¿Por qué me tendría que afiliar?

Esa es una de las preguntas que más veces han oído los dirigentes de Sifpom por parte de los funcionarios policiales. Tiene sentido: son trabajadores que vienen de décadas de sentir que los gremios son mala palabra, de presiones de los oficiales pero también del personal subalterno ya retirado, con el cuero curtido por el rigor de antaño y totalmente carcomido por el clásico discurso antisindical.

Para Patricia Rodríguez, el principal motivo para afiliarse al sindicato es simple: porque el funcionario policial ahí tiene respaldo. No solamente respaldo jurídico, también han logrado sindicalmente lo que jurídicamente no era posible.

Un ejemplo de esto es bien reciente. El cabo Sebastián Colman estuvo, por obra y gracia de la Ley Orgánica Policial, muy cerca de transformarse en un jubilado de 33 años. En una fría mañana de junio de 2013, yendo de su casa en Paso de la Arena a su trabajo en el Comcar, este integrante del grupo antidisturbios de la Guardia Republicana se durmió manejando su moto –producto de las jornadas laborales de 18 horas incluyendo el servicio, el 222 y changas como repertidor para alimentar un sueldo siempre flaco- y se dio contra el cordón. Se lesionó la médula y quedó postrado en una silla de ruedas. El Ministerio del Interior le declaró su “incapacidad absoluta y permanente” para trabajar. Es que según el reglamento, quien trabaja como policía ejecutivo no puede ser derivado a tareas administrativas o de instructor, que era lo que él quería y a lo que estaba capacitado.

Tras una pelea de cuatro años, el Sifpom logró que Colman fuera reubicado, cuando el reglamento lo impedía.

En 2017, otra funcionaria del Ministerio del Interior destituida por “incapacidad” también volvió a trabajar. Se trató de Cecilia Labandera, una auxiliar de registros médicos del Hospital Policial que debió dejar de trabajar debido a un cáncer de mama, detectado en 2011. Aun cuando la enfermedad había remitido, aun cuando había vuelto a trabajar como tal en la Asociación Española, sucesivas juntas médicas del Policial seguían poniéndole el rótulo de incapaz.

La intervención del Sifpom fue fundamental para su reintegro. En este caso y el anterior, el respaldo del Pit-Cnt fue decisivo. Sin su espaldarazo, la existencia de este sindicato sería prácticamente inviable.

Esas son luchas humanas, puntuales. Pero a eso se le suma la participación en las reuniones tripartitas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el cerrar seccionales por no reunir condiciones mínimas laborales (pasó en el departamento de Artigas) y conseguir bombas de agua para las dependencia. Está también el apoyo a las viudas de los funcionarios caídos, que de otra forma quedarían en el más absoluto desamparo. Ese apoyo se traduce en becas, canastas o trabajo.

Sifpom tiene un área social que apunta a problemáticas urgentes. Esto incluye desde donaciones de canastas para compañeros en situación más vulnerable, hasta medicamentos, sillas de rueda y pasajes de ómnibus. Se ha colaborado en arreglos de viviendas y donaciones que llegan a todo el país: microondas, cocinas, jarras eléctricas, cocina, impresoras, ventilador, heladera, estufa, tanque de agua potable, pintura o artículos sanitarios.  A las cárceles se envían donaciones de artículos como guantes de látex, barbijos o alcohol en gel.

Larrobla destaca otros hechos puntuales: el sueldo del policía en su escalafón más bajo pasó de 4.500 pesos en 2000 a 34 mil ahora, en 2008 –estando Daisy Tourné como ministra del Interior- se firmaron acuerdos para ir aumentando gradualmente los aportes a la Caja Policial por el servicio 222, además de mejoras en vestuario, armamento y transporte. “Y todos esos cambios se hicieron a pesar de la presión terrible de los mandos medios policiales”, asegura.

Como objetivo se trabaja un proyecto de guardería para los hijos de los afiliados y la búsqueda de soluciones habitacionales para los trabajadores. Muchos de ellos conviven en el mismo barrio, de contexto crítico en no pocos casos, de personas en conflicto con la ley. Eso ha derivado en temor, amenazas e incluso muerte. La acción del Sifpom llevó a que tres de estos casos fueron contemplados y recibieran facilidades en préstamos para vivienda usada.

Las viviendas sindicales que está empezando a construir el Pit-Cnt en Rivera tendrá un cupo para policías. La idea es extenderlas a todo el país. Pero, por ahora, ese tema es un debe reconocido por el gremio. Tanto como el necesario sindicato único.

Actualmente, el gremio está trabajando distintos temas en los ministerios del Interior y Trabajo: adecuación y subas salariales, políticas de vivienda, eliminación o modificación del Seguro Transitorio de Incapacidad Parcial (STIP), mejorar acompañamiento psíquico de los trabajadores, abordaje para víctimas y victimarios en casos de violencia doméstica y más garantías jurídicas para los funcionarios. También se busca que se elimine la prohibición de trabajar en seguridad por fuera de la Policía (lo que en la jerga se conoce como “223”), así como combatir la recarga laboral en la Dirección Nacional de Bomberos, como las malas condiciones para los funcionarios de INR, falta de personal, insalubridad.

Por ahora, el Sipfom ha logrado generar una imagen de seriedad, de pertenencia y de puertas abiertas. El local, por calle Ituzaingó, está abierto de lunes a viernes para quien lo necesite. Sus directivos dicen con orgullo que la afiliación aumenta día a día. Ese es quizá la mejor herramienta para vislumbrar el futuro.

El Pit-Cnt ahora apoya abiertamente esta sindicalización. Según Larrobla, con organización sindical y conciencia de clase, se lograrán trabajadores policiales más respetuosos “de la constitución y de la ley”, más defensora de los derechos humanos y menos maleable a “un eventual giro político reaccionario”.

La policía no puede volver a ser “el brazo armado de las clases dominantes”, defienden en la central sindical. Una policía sindicalizada, añaden, impediría ya no la represión como la que existió en la dictadura, sino episodios puntuales como el del Hospital Filtro, en agosto de 1994.

“Con un gremio policial consciente, va a ser más difícil que la Policía salga en malón a matarte a palos en un desborde autoritario”, subraya Larrobla. Y el Sifpom aparece como el abanderado de esa idea y de la necesidad de estar unidos. Eso, sin perder de vista que tienen que cumplir un rol coercitivo, que debe llegar a la represión si la situación lo amerita.

“De última, tienen que estar sindicalizados porque son trabajadores”, concluye Larrobla.

Y desde el lado de los policías también empiezan a notarse los cambios. El crecimiento de la masa social se traduce en que no se afilia solo personal subalterno, sino que también oficiales, “jefes y hasta jefes departamentales de Policía”, que ya entienden al sindicato como un aliado a la hora de solucionar problemas para los trabajadores, sifpom no hace distinción de grado.

“Todavía pasa que te encontrás con alguno que te dice ‘pero qué hicieron los sindicatos’. Pero todo comienza a verse distinto. Yo misma también lo veo distinto”, dice Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom. “Antes venía un policía con un problema a afiliarse y yo me quejaba… ‘Miralo, se afilia recién cuando le pasa algo y no antes’. Un viejo sindicalista de la central me abrió los ojos: ‘¿No ves que eso es importantísimo? Quiere decir que el sindicato en la única herramienta que tienen para defenderse’. Y es así”.

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